Un fondo creado específicamente para prevenir inundaciones está siendo utilizado para financiar al Tesoro nacional, en lugar de destinarse a las obras de infraestructura que la ley establece. Esta desviación de recursos pone en evidencia una brecha entre la intención normativa y la ejecución presupuestaria del Estado.

Según lo relevado, los recursos existen y están disponibles en las arcas públicas. Sin embargo, la decisión de canalizarlos hacia su propósito original —frenar inundaciones a través de obras de infraestructura— no se concreta. La situación refleja un dilema recurrente en la administración pública: la existencia de fondos no garantiza que se apliquen conforme a lo que la legislación prevé.

El desvío de estos recursos hacia el Tesoro responde a necesidades presupuestarias más amplias del Estado, en un contexto donde las prioridades de corto plazo suelen desplazar los objetivos de prevención y mitigación de riesgos. Mientras tanto, las obras que deberían ejecutarse para reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones permanecen en estado de postergación.

Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los fondos etiquetados y sobre los mecanismos de control que debería haber para garantizar que los recursos se orienten hacia sus fines originales. La brecha entre lo que la ley manda y lo que efectivamente ocurre evidencia la necesidad de mecanismos más robustos para asegurar la ejecución de políticas de prevención.

En un país con antecedentes recurrentes de catástrofes climáticas e inundaciones, la priorización de obras preventivas debería ser un eje central. La disponibilidad de fondos, sin embargo, no parece ser suficiente para modificar las dinámicas de asignación presupuestaria que prevalecen en la administración estatal.

Imagen: Earth Photart / Pexels – Con informacion de Clarín Rural