El gobierno oficializó el martes un retroceso en su intención de desregular completamente la actividad de los prácticos portuarios. Tras las medidas de fuerza que generaron una paralización total en los principales puertos del país, la administración tuvo que revertir su decisión inicial.

La disputa surgió cuando el Ejecutivo impulsó un plan para desregular de manera integral esta actividad. Sin embargo, la respuesta del sector fue contundente: los prácticos ejecutaron una huelga que paralizó las operaciones portuarias, bloqueando la carga y descarga de mercaderías en los terminales más relevantes.

Ante la magnitud del conflicto y su impacto en la logística nacional, el gobierno decidió dar marcha atrás en el proyecto de desregulación completa. En su lugar, negoció con el sector una reducción de tarifas del 20%, medida que representa un ajuste económico significativo pero lejos de lo que el Ejecutivo había pretendido originalmente.

Como cierre del conflicto, se dispuso la conformación de una mesa de trabajo dedicada a futuras negociaciones entre el gobierno y los prácticos. Este espacio busca establecer un canal de diálogo permanente para evitar nuevos enfrentamientos y definir criterios compartidos sobre la regulación de la actividad.

Para analistas, la resolución del conflicto constituye una derrota clara del proyecto gubernamental inicial. Aunque el sector aceptó la reducción de aranceles, la desregulación completa no prosperó. El saldo final refleja el poder de convocatoria que mantiene el gremio de los prácticos y su capacidad para paralizar operaciones estratégicas en la economía nacional.

La creación de la mesa de negociación sugiere que el gobierno buscará avanzar en futuras reformas a través del diálogo institucional, abandonando el intento de imposición unilateral que caracterizó el inicio de esta disputa.

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