El Ejecutivo nacional derogó mediante decreto el fondo destinado a financiar pasajes gratuitos para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. La medida fue comunicada oficialmente y genera interrogantes sobre la continuidad de este beneficio social que operaba desde hace años en el territorio nacional.

Según el análisis del gobierno, la decisión responde a una evaluación de sostenibilidad fiscal. Los funcionarios argumentaron que «la continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones previas carece de sustento» económico. Este pronunciamiento marca un punto de inflexión en la política de transporte accesible para sectores vulnerables.

A pesar de la derogación del fondo específico, las autoridades sostienen que el derecho a la gratuidad en pasajes mantiene vigencia legal. Indicaron que la exigibilidad del beneficio persiste aunque cambien los mecanismos de financiamiento. Esta afirmación abre un panorama incierto respecto a cómo se operativizará el acceso a la movilidad sin el instrumento presupuestario derogado.

El beneficio alcanzaba a dos poblaciones claramente identificadas: por un lado, los ciudadanos con discapacidad certificada; por otro, los niños y niñas en tratamiento oncológico. Ambos grupos requieren desplazamientos frecuentes, frecuentemente hacia centros de salud y establecimientos especializados.

Desde distintos sectores se plantearon cuestionamientos sobre la viabilidad práctica de mantener un derecho sin los recursos asignados para su cumplimiento. Los especialistas en políticas sociales advirtieron sobre posibles complicaciones en la implementación de alternativas.

El gobierno señaló que examinará nuevas modalidades para garantizar el acceso al transporte de estas poblaciones vulnerables. Sin embargo, los detalles sobre cuándo y cómo se implementarían tales alternativas aún no fueron precisados por las autoridades competentes.

Imagen: Ekaterina Belinskaya / Pexels – Con informacion de La Nación